Buenos Aires: Buscan que la Justicia resuelva en menos de 60 días los delitos descubiertos "in fraganti"

La Legislatura bonaerense aprobó la reforma penal impulsada por el gobernador Daniel Scioli que apunta a agilizar el trámite de las causas y descomprimir el cúmulo de expedientes que se encuentran en el Tribunal de Casación.

Pero además, el dato saliente de las dos iniciativas transformadas en ley por ambas cámaras, es que se otorga mayores atribuciones a la Suprema Corte y se veda la llegada de apelaciones a este alto tribunal en el caso de delitos con penas de no más de 10 años de prisión.

El trámite de aprobación de la reforma había comenzado la semana pasada en la Cámara de Diputados con la aprobación de los dos proyectos, pero uno de ellos fue modificado por el Senado y debió volver a la Cámara baja para su sanción.

El hecho de que para el gobierno provincial esta reforma era considerada una cuestión de Estado, quedó reflejado con la presencia en los palcos de Diputados del jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y del ministro de Justicia, Ricardo Casal. Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo modifican el Código de Procedimiento Penal.

Uno de los proyectos acota la competencia que tiene el Tribunal de Casación que, a partir de la sanción de esta norma, sólo revisará sentencias de los Tribunales Criminales, es decir los que juzgan los delitos graves.

La otra iniciativa lleva a todos los departamentos judiciales la posibilidad de habilitar el denominado proceso de "flagrancia", previsto en forma rápida para los delitos con penas que no superen los 15 años.

El mecanismo de flagrancia, que se implementaba en 11 de los 18 departamentos judiciales, consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión.

Las decisiones de los juzgados correccionales, cuya competencia es para delitos menores, no llegarán más al Tribunal de Casación ya que se estableció que la apelación deberá hacerse antes las Cámaras de Apelaciones del departamento judicial que le corresponda.

Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo busca aliviar el colapso que se produjo en el Tribunal de Casación que cuenta con 7.000 expedientes para su tratamiento.

Además, se introdujo la institución del "certiorari", una figura que habilita a la Suprema Corte a rechazar recursos que llegan a su órbita basándose en jurisprudencia emitida en una causa análoga, por lo tanto, sin necesidad de fundamentación. Y se estableció que aquellas causas por delitos con penas de hasta 10 años de prisión no podrán llegar a la Corte y la última apelación será ante la Casación.