lunes, 31 de julio de 2006

BUENOS AIRES: VARIOS INTENDENTES CUESTIONADOS

La situación del jefe comunal de Bahía Blanca se definirá el 24 de agosto: ese día los concejales sesionarán para removerlo del cargo. El de Malvinas Argentinas enfrentará un juicio oral por 29 hechos de corrupción. En Mar del Plata, la Justicia inició tres causas por presunta corrupción municipal.

Entraron por la puerta grande, pero es probable que en algunos casos salgan por la puerta chica. Varios intendentes del conurbano y el interior bonaerense enfrentan serios problemas judiciales.

Rodolfo Lopes, de Bahía Blanca, es el más complicado y su mandato ya tiene fecha de vencimiento. El dirigente del Frente para la Victoria, electo en 2003, sería destituido el 24 de agosto.

La Justicia lo acusa de estafa y peculado, y los concejales sesionarán ese día para desplazarlo -ya lo suspendieron.

Otros intendentes que son sometidos a la lupa judicial pueden terminar igual. El que sigue en la lista es Jesús Cataldo Cariglino, ex duhaldista, que enfrentará un juicio oral por 29 hechos de corrupción.

Luis Vivona, concejal del Frente para la Victoria, opinó que los tiempos que se vienen son “muy rápidos”, y no descartó la destitución de Cariglino antes de que termine su mandato.

Pero también está contra las cuerdas Daniel Katz, de Mar del Plata, por tres causas de corrupción en su municipio. Una de ellas muy famosa: lo acusan de utilizar fondos de un Aporte del Tesoro (ATN) para financiar un desfile de modas en el Torreón del Monje.

En el pasado, Antonio Libonatti (PJ), Edgardo Di Dío (Alianza) y Juan Carlos Rousselot (PJ) fueron destituidos por distintas causas.

El jefe comunal que seguirá sus pasos es Lopes, a quien la Justicia acusa, entre otras cosas, de realizar maniobras para conseguir dinero para la campaña electoral de octubre pasado.

El Bahíagate estalló el 28 de febrero. Ese día, la ciudad amaneció escandalizada por el allanamiento judicial al Palacio Comunal y el domicilio particular del intendente. El fiscal a cargo de la causa, Gustavo Zorzano, buscaba pruebas para demostrar irregularidades varias como si le prestó el auto oficial al intendente del Partido de la Costa para un viaje turístico, si hubo mal uso de teléfonos celulares por parte de ex funcionarios suyos y si pidió dinero a empresas del Polo Petroquímico para financiar la campaña electoral del FpV. En base a documentación y escuchas telefónicas, el fiscal dictó su procesamiento y fue recusado por la defensa de Lopes.

El escándalo llevó a los concejales a crear una comisión que el 23 de junio lo suspendió por 90 días por “graves transgresiones jurídicas y negligencias en el ejercicio de la función”. El intendente recurrió a la Suprema Corte y planteó la existencia de un conflicto de poderes: argumentó que el Concejo no tiene facultades para suspenderlo. Ahora se aguarda la decisión del máximo tribunal bonaerense que podría llegar apenas concluya la feria judicial. La defensa confía que fallará en su favor y citan casos como el del ex intendente Rousselot. Para la oposición, sin embargo, el destino de Lopes ya está escrito.

(fuente: Diario Hoy)