BUENOS AIRES: MONTOYA TRAS LOS "DEUDORES RICOS"

El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense los acusó de abusar de su poder social para no aportar al financiamiento colectivo. Remarcó: "o recaudamos más para aumentar salarios y mejorar servicios o resulta imposible hacerlo por falta de recursos"

El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, fustigó duramente a los deudores del fisco con alto poder adquisitivo, a quienes acusó de "abusar de su poder social para no aportar al financiamiento colectivo".

Según el funcionario, "hoy se da un conflicto de objetivos: los mismos que defienden a los deudores morosos y evasores son los que reclaman mayores salarios para maestros, policías, enfermeras y jueces, y la mejora de los servicios del Estado". "La disyuntiva es obvia: o recaudamos más para aumentar salarios y mejorar esos servicios o resulta imposible hacerlo por falta de recursos.

Y en esta circunstancia, nos encontramos con un grupo importante de personas que están obligadas a cumplir con el pago de los impuestos y tienen alto poder adquisitivo, pero no lo hacen, enfatizó Montoya.

El funcionario señaló que esa situación "nos instala otra disyuntiva: o les cobramos a ellos, que deben sumas siderales, o les aumentamos la imposición a los que están pagando, lo cual sería absolutamente injusto"."También es injusto que haya 180 mil juicios a deudores, por un monto que supera los 11 mil millones de pesos", sostuvo Montoya.

A su criterio, estos deudores "abusan de su ´poder social´ para no aportar al financiamiento colectivo, y apelan a la Constitución cuando en realidad pretenden hacer sus propias leyes, porque pueden comprar educación, salud, seguridad, justicia y no quieren aportar para que el Estado se los brinde a quienes no están en condiciones de adquirirlos".

Montoya defendió enfáticamente la posibilidad de incautar vehículos sin orden judicial, medida que fue aprobada por la Legislatura bonaerense pero que permanece suspendida por el fallo de un juez."Ante la posibilidad que tenemos de incautar vehículos sin orden judicial, protestaron con alegaciones forzadas los propios deudores y quienes hacen prevalecer el interés individual sobre el de la comunidad, señalando que se afecta la propiedad privada, cuando en ningún momento se menoscaba la propiedad de los vehículos, solo su uso", concluyó.